La Agencia de Calidad y el dispositivo de control social basado en el SIMCE amenazan con el cierre de 396 establecimientos educativos para el próximo año. Una bomba atómica en el sistema escolar que afectará a miles de profesionales, familias y estudiantes de formas difíciles de prever.

Vale la pena preguntarse de qué manera el cierre de escuelas contribuye a la mejora de la calidad educativa. La metáfora de la bomba atómica contra el sistema educativo nos permite anticipar algunas consecuencias nefastas. ¡396 establecimientos educativos desaparecerán de un sopetón!

La pérdida de reconocimiento oficial genera la pérdida de la subvención escolar, en consecuencia la pérdida de puestos de trabajo, la interrupción del proceso de escolarización de estudiantes, la ruptura de los vínculos entre la organización escolar, el barrio y las familias. Se forzará a apoderados y estudiantes a ingresar a otros establecimientos. ¿Serán recibidos, con la sospecha y estigma de bajar el puntaje SIMCE allá donde vayan? ¿Aumentarán las ratio estudiante-docente de las aulas en las escuelas colindantes? ¿Existirá matrícula disponible? Evidentemente, la destrucción del establecimiento aparentemente elimina el problema del bajo puntaje porque hace desaparecer la organización, una política gangster, pero genera efectos dañinos en los profesionales, los estudiantes y las familias y no necesariamente contribuirá a la mejor calidad en la zona o ciudad.

Otro punto importante es que los datos SIMCE por sí solos no son suficientes para sacar conclusiones respecto al funcionamiento de un establecimiento. Y según tengo entendido no hay investigaciones serias en estos establecimientos que respalden que el problema sea el funcionamiento de la escuela o sus profesionales, ya que el SIMCE no tiene la capacidad ni la sensibilidad para recoger los datos necesarios para desarrollar este tipo de juicio. ¿Se considera esta cuestión en la “metodología” de destrucción de la comunidad escolar?

Por otra parte, un cierre sin un proceso previo de apoyo económico y de asesoramiento educativo adicional a largo plazo no contribuye a la mejora escolar ni por asomo. La presión de la amenaza, cuestionable ya en su naturaleza, no genera mejora por sí sola.

Hay consenso en parte importante de la comunidad académica, movimientos sociales y comunidades educativas que plantean que el SIMCE no mide la calidad del establecimiento ni menos calidad de la enseñanza.

¿Qué se puede hacer en un año?

Según declaraciones de Carlos Henríquez al diario La Tercera, secretario ejecutivo de la agencia y ahora verdugo de 396 comunidades escolares, se le enviará “una carta a toda esa comunidad, para que tomen medidas extremas en su accionar pedagógico, pues se les dará un año más para tener una mejora significativa”. ¿Qué quiere decir con medidas pedagógicas extremas? ¿Pedir a estudiantes con bajo rendimiento que no rindan SIMCE para que suba el indicador? ¿Machacar con talleres, reforzamientos, ensayos semanales, horas extras de preparación SIMCE, eliminación de horas materias no medidas y selección oculta de estudiantes para dar a la Agencia y a la prueba SIMCE lo que quiere?

Parte del problema es la incapacidad de la Agencia de calidad para construir un discurso crítico sobre su propia labor, la ideología y políticas que promueve, y sobre el propio dispositivo basado en el SIMCE. En lugar de ser la agencia para la mejora de la calidad se ha transformado en la Agencia defensora de la Ley de Aseguramiento, del SIMCE y del mal sistema de ordenamiento. No está produciendo propuestas alternativas al paradigma de medición sentenciado y grabado en piedra por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Problemón este.

Ojalá, como medida de emergencia, los movimientos sociales de estudiantes, profesionales y familias, el gremio, los políticos y políticas sensatos,y todxs quienes estén interesados en mejorar la educación desde otro paradigma no destructivo pongamos un freno a esta bomba atómica que el propio Sistema de Aseguramiento y la Agencia lanzan contra sus propios ciudadanos y ciudadanas.

Ojalá miremos a Valparaíso y otras comunidades educativas que se están atreviendo a construir e implementar propuestas de evaluación lejos del paradigma reductor de la medición y devolverle su sentido esencial: una herramienta para la mejora, para el éxito de todos y todas, y no para la destrucción masiva justificada en datos.

Miguel Stuardo-Concha

Miguel Stuardo Concha es profesor e investigador actualmente vinculado a la Universidad CY Cergy París, como director de la formación Licencia Profesional Trilingüe Comercio y desarrollo sustentable. Doctor en Educación y Máster en Calidad y Mejora de La Educación por La Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Profesor de Castellano y Comunicación y Licenciado en Educación en la Universidad de La Frontera, Chile. Investiga sobre mejora escolar, educación y justicia social, acogida de estudiantes migrantes, investigación libre y abierta y enseñanza del español como segunda lengua. ¿Te gustan las publicaciones de Miguel? Tal vez te interesa financiar su trabajo independiente con una microdonación y hacerlo sostenible. Donar via Mercadopago aquí -O- Donar via Paypal acá. https://orcid.org/0000-0003-2617-0035