Educadora de Párvulos batalla contra la falta de transparencia de la evaluación docente y descubre irregularidades

Entrevistamos a Natacha Tapia Uribe, Educadora de Párvulos en la comuna de Pudahuel, afectada por la falta de transparencia de la Evaluación Docente. En su camino de investigación personal para verificar si su evaluación ha sido bien implementada ha descubierto que una supervisora no contaba con los requisitos de experiencia en aula mínima de 5 años y haber obtenido el título 5 años antes de su postulación en 2018, para ser correctora y supervisora de la evaluación docente de ese mismo año.

Quiénes son los correctores y supervisores

Quienes corrigen los portafolios se denominan correctores y deben cumplir y conjunto de requisitos Los supervisores son correctores que verifican la correción de algunos módulos. Los supervisores y correctores de la evaluación docente, son contratados por los centros correctores de las universidades. Según la web oficial Docente Más, “cada año se reciben entre 20.000 y 24.000 portafolios, y para su corrección se requieren, aproximadamente, 650 profesores de aula, quienes se desempeñan como supervisores de corrección y correctores de portafolios. Cada uno de ellos es rigurosamente capacitado tanto en los protocolos de trabajo, como en la aplicación de las rúbricas y pautas de corrección. […] cada centro de corrección cuenta con autonomía para la selección de los docentes, velando que se cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.” ¿Se ha cumplido lo que declara Mineduc en el proceso 2018? Las evidencias encontradas por Natacha plantean algunas dudas.

Las reticencias del Mineduc a entregar la información

Con la intención de verificar que su nivel de desempeño ha sido bien asignado y bien calificadas las evidencias que aportó, Natacha solicitó información sobre la toma de decisiones de su evaluación (Acta), sus resultados y los datos profesionales de los correctores de su portafolio a través del Portal de Transparencia: “Solicito identidad de persona que evaluó mi portafolio de evaluación docente en año 2018, datos profesionales y documento que fundamenta y justifica los resultados de puntaje que me fué asignado por cada ítem del informe que se me entregó a través de mi empleador”, se apunta en el formulario de reclamo. Un interés más que justificado pues es conocido que el 75% de los módulos solo es revisado por una persona, lo que puede dar lugar a errores en la aplicación de criterios de correción.

Le fue fue negada el acceso a la información sobre los datos profesionales y la identidad de los evaluadores que corrigieron su portafolio en un primer momento, arguyendo motivos de confidencialidad que afectarían el desempeño futuro de los evaluadores, y se le envió información que no había solicitado, recibiendo el listado general de 643 supervisores y correctores que participaron en la correción del portafolio 2018. Ante la reticencia del Mineduc, interpuso un reclamo ante el Consejo para La Transparencia que le dió la razón. En la  Decisión de Amparo Rol C4229-19 se declara que: “Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, ordenando la entrega de los datos curriculares de los docentes que evaluaron el portafolio de la reclamante en el proceso evaluación docente 2018, debiendo tarjar previamente todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, entre otros. Lo anterior, por cuanto no se acreditó ni se configuró la causal de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado. Además, la evaluación para los docentes busca fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia”.

Evidencias de posibles irregularidades en la contratación de supervisores

Con la información otorgada por el Mineduc, Natacha pudo iniciar su propia investigación sobre la idoneidad de los supervisores y correctores. Obtuvo evidencias sobre posibles irregularidades: algunos correctores y supervisores no cumplirían los criterios que marca el reglamento de la evaluación docente: “docentes de aula con formación, y al menos 5 años de experiencia, en el mismo nivel, asignatura o modalidad de los docentes cuyos portafolios revisarán” (Web Docente Más, 2020). ¿Se ha cumplido este criterio en el proceso de evaluación docente 2018?

¿Quiénes participaron en la investigación y qué indagaciones realizaron?

Realicé una investigación con la lista de 643 correctores y supervisores del proceso de evaluación docente 2018, ésta me fue enviada a través de la ley de Transparencia como respuesta a varias solicitudes en que buscaba comprobar que los correctores de mi portafolio cumplieran con los requisitos establecidos por la ley. Empecé a clasificar a las personas de la lista en correctores y supervisores luego éstos a agruparlos por diferentes criterios: dependencia de los establecimientos educacionales a que pertenecían a esa fecha, nivel, sector, evidencia asignada y Centro Corrector (Universidad) en que trabajaron. Cada uno está asociado a una de las 7 Universidades a cargo de la corrección de los portafolios. Me llamó la atención que hay 17 correctores asociados al MIDE-UC y una de estos, que además tiene la función de supervisor, de profesión agrónomo/a, y que se desempeña en el área técnico y profesional.

Usando internet pude encontrar sus antecedentes académicos y profesionales: es Ingeniero Agrónomo con titulación con fecha  del 28 de enero de 2015 en la Universidad Católica del Maule y en agosto de 2018 era subdirectora de un Liceo Agrícola en Molina (se presenta en un video promocional del Liceo), de dependencia particular subvencionado. Contrasté estos antecedentes con los requisitos exigidos en la ley de estatuto docente y diversos portales, entre ellos los de las Universidades participantes.
Para el proceso 2018 (y todos los años) los postulantes para el nivel de Educación Media Técnico Profesional (caso de esta supervisora MIDE) deben presentar fotocopia del título técnico o profesional, emitido hasta diciembre de 2013 (con antiguedad de 5 años) y el título profesional de pedagogía, en caso de contar con él, ya que es un requisito optativo para el ámbito técnico profesional. También debe creditar 5 años de experiencia en aula. En este caso la supervisora adscrita a MIDE no contaba en 2018, con estos dos requisitos, antiguedad del título y experiencia de 5 años en aula,  que son indispensables para postular tanto para ser correctora como supervisora.

Desde tu punto de vista, ¿Qué problemas puede generar que los supervisores no cumplan los requisitos?

Primero, que si las instituciones mandatadas por ley no cumplen, en todos los casos con las disposiciones legales que asegurarían que un proceso tan relevante para la educación subvencionada (DAEM, DEM y SLE) y particulares subvencionados) y los docentes que debemos evaluarnos, con efectos directos sobre nuestras remuneraciones hasta el tener que salir del sistema (perdida del trabajo) y que reciben recursos del estado, lo menos que se debe exigir es que hagan bien su trabajo. Segundo, que si encontramos un caso de nombramiento ilegal o por lo menos irregular, nada asegura que esto no ha sucedido antes, o pueda suceder en el futuro.
Tercero, que el proceso de postulación y selección de los docentes que están a cargo de la revisión de miles de portafolios de los docentes no es público y se dejaría a la buena fé de nosotros los afectados el tener que confíar que los correctores y supervisores cuentan con los requisitos obligatorios establecidos en la ley y por tanto con las competencias requeridas para evaluarnos.
Cuarto, que la única forma para obtener información sea través del Consejo para la Transparencia y que el CPEIP y MINEDUC me hayan negado varias veces el derecho a constatar si mi portafolio fué corregido por docentes de mi área (educación de párvulos) y que los argumentos que justificarían el nivel que me asignaron se apeguen a la ley me parece grave. Más aún cuando entre los argumentos que me entregaron para esa negación lo más reiterado hayan sido razones económicas pues no tenían la posibilidad de buscar puntualmente mi caso, y que el listado que posteriormente me hicieron llegar demuestra que sólo hubo 32 correctoras en todo el país encargadas de los portafolios de educación parvularia, por lo tanto no era tan costoso ni dificil. Y que por una razón que aún desconozco a cabalidad recibí ese listado que me permitió descubrir, hasta ahora, este caso.  ¿Cómo, entonces, quienes nos evaluamos podemos confíar que la evaluación docente se hace conforme a la ley?

¿Qué acciones legales o de fiscalización se podrían seguir a partir de estos hallazgos?

El Mineduc, CPEIP y MideUC son las instituciones encargadas de la implementación de la evaluación docente y por utilizar recursos estatales lo que corresponde es hacer una denuncia en la Contraloría General de la República, por lo tanto pondremos como “evaluemos la evaluación” una denuncia a fin de que se esclarezca este caso y quienes tengan responsabilidad den las explicaciones pertinentes (si las hay) y se tomen las medidas que correspondan, esto como una acción necesaria pero claramente insuficiente. Además es imprescindible que hagamos público lo que descubrimos. Muchas veces se especuló que esto sucedía, existe una gran cantidad de irregularidades detectadas, hay múltiples testimonios que hablan de manipulación y presión hacia los correctores de los portafolios y los supervisores con el fin de que los resultados se ubiquen en los niveles más bajos, creemos que para que los docentes no puedan subir de tramo en la carrera docente y así se disminuyan los costos monetarios.

Por otro lado, desde octubre del año pasado en Chile se comenzó a levantar un movimiento, una voz de protesta colectiva contra los abusos que por décadas han existido en la sociedad, una cultura de sometimiento a las actuaciones de las autoridades que está cambiando. A partir de ese levantamiento popular, la ciudadanía ha mostrado un mayor empoderamiento de su rol de control frente al estado y las autoridades, un claro ejemplo del poder de esta presión social es lo sucedido con la ley de retiro del 10% de los fondos de las AFP en que la presión se hizo sentir fuertemente doblándole la mano al gobierno teniendo éste que promulgar esta ley.  Confío que denunciar este caso públicamente motive a los docentes que han trabajado en la evaluación para dar su testimonio y a los docentes a levantar la voz y presionar para exigir una solución de raíz  a la evaluación que no es otro que la derogación de la ley, razones hay de sobra, la vulnerabilidad y posibilidad de manipulación del sistema es sólo una de ellas, sólo un paso más.