En América Latina durante la última década se han suscitado una serie de procesos de desarrollo, democratización, y transformaciones graduales los cuales han planteado el desafío de instalar marcos normativos que fundamenten políticas públicas mayormente equitativas y coherentes con las particularidades de sus pueblos indígenas. En este contexto, los Estados manifiestan la importancia del sujeto como actor principal en la política social, y a su vez coinciden en la relevancia de generar espacios participativos como los dispositivos más efectivos para alcanzar los objetivos antes mencionados.

No obstante, en el caso chileno en relación a los pueblos indígenas esto no sucede, hay más bien un clientelismo sostenido y argumentado en razón a las elites conversadoras. Ante esto, es que por medio de esta reflexión crítica se pretende argumentar posibles vías y alternativas en donde el componente principal sean las comunidades y sus demandas, todo en base a una articulación que plantee metodologías integrales y con un prisma definitivamente contrario a lo que actualmente se hace sobre estos pueblos tan olvidados.

En primer lugar, se establece que toda política pública tiene como objetivo satisfacer alguna visión de “bien público” y esto necesariamente implica la participación de múltiples actores (Peterson, 2003). Esto último en Chile claramente no se cumple, es más, se establece que los hacedores de políticas o más bien los técnicos creen tener una mayor capacidad para enfrentar las demandas sociales desde sus propios marcos normativos.

A pesar de esto, la política pública no solo se forma en lo público, como disposición, sino que también retorna a él, en forma de acción sujeta a validación social. Esta aprobación requiere que todos los actores suscritos a un asunto social (se sostiene asunto debido que un problema social se considera como un hecho estático)  puedan ejercer desde su poder las mejores alternativas para transformar su realidad social.

Es por esto, es que se vuelve como una necesidad la interacción, en concreto, esta se da porque las habilidades y recursos del gobierno son limitados y no alcanzan para cubrir todos los requerimientos que las acciones de política pública demandan y el gobierno requiere convocar a múltiples actores, en una clara relación de interdependencia de recursos (Adam & Kriesi, 2007; Peterson, 2003).

En relación a esto último, es que se entiende que cuando se habla de política pública necesariamente se hace alusión a las decisiones, resultados y procesos sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones, entre diferentes racionalidades organizativas. Estamos pues ante un panorama lleno de poderes en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opiniones y cursos de acción específicos.

Por todo lo anterior, es que argumento a favor en primera instancia de la relevancia de la formulación de un diagnóstico adecuado del asunto público a tratar. En general, este diagnóstico tiene que tener presente todos los ángulos posibles a tratar. En definitiva, este instrumento debe cumplir con la premisa de que sirva de base no solo para los requerimientos de un asunto particular, sino que opere para el análisis de diferentes materias, en este caso en relación a los pueblos indígenas de Chile.

En base a esto, desde diferentes autores se cree en la posibilidad de establecer un procedimiento con una racionalidad acotada, acorde a las características del asunto a estudiar, que permita salvar los requerimientos de oportunidad, sin dejar de aportar los elementos esenciales para la adecuada formulación de la política. Para esto, se requiere de un diagnóstico de un carácter continuo, lo cual permitiría  ir satisfaciendo necesidades que se vayan generando por medio de acciones conjuntas y coherentes.

En síntesis, planteo la necesidad de que el trabajo de diagnóstico para que se convierta realmente en un aporte debiese en un proceso anterior a la toma de decisiones, para ello, se requiere apuntar al mayor conglomerado de actores posibles y a su vez incorporarlos en las decisiones finales de la agenda pública. Todo esto permitiría apuntar a la formación de nuevas alternativas de solución, corregir estrategias anteriormente adoptadas y reclamar informaciones pertinentes para profundizar el análisis.

En otra dimensión, profundizando el análisis dentro de las políticas destinadas a los pueblos indígenas se han determinado leyes que han intentado fragmentar su organización. En concreto, desde la creación de la ley indígena el trato a sus pueblos más bien se ha criminalizado, lo cual sostiene una paradoja con la serie de acuerdos y tratados que el Estado se ha suscrito.

Contrariamente, sostengo que para que una ley siga siendo un instrumento útil debe sostener una gobernanza que soporte la política. En relación a los pueblos originarios se tiene que fomentar leyes que consideren sus cosmovisiones (hecho fundamental respetar el código 169 de la OIT), sus planteamientos en relación a su visión de apreciar los derechos humanos, puesto que finalmente una  la ley para que cumpla con sus objetivos, debe facilitar la coordinación de los actores a través de la concreción de patrones de conducta, que llevan a que los agentes tengan que cooperar para la realización de la política.

Por último, de acuerdo a las nuevas transformaciones sociales se ha hecho necesario cambiar las habituales formas de administrar el Estado. Si bien la autonomía es un hecho que algunos autores (en su mayoría colonizadores) sostienen que es un fenómeno social moderno, este tiene sus cimientos hace una larga data.

Ante esto, se vuelve un acto evidente establecer en primer caso cuotas de autonomía para los pueblos indígenas, es más, si bien este es el primer elemento necesario, con la visión conservadora del país se puede estimar que es un avance. Es más, son los propios pueblos indígenas desde sus propias experiencias quienes son capaces de administrar el poder de la mejor manera posible, aunque esto último a una gran mayoría les genere molestia.

Para finalizar, aún no se comprende que en la actualidad se persista que la única manera de que se piense preservar a los pueblos indígenas sea por medio de su asimilación social, cultural y política, si bien aún no hay estimación de las consecuencias de su acción conjunta en el futuro, es crucial iniciar este largo camino.

Finalmente, estas reflexiones nos plantean un desafió no menor. A lo largo de su formación como nación y su consolidación como Estado, en nuestro país se ha intentado silenciar a los pueblos indígenas, está en manos de la sociedad civil como de los propios pueblos levantar e instalar la necesidad de que la agenda pública instale dentro de sus principales temas a abordar la demanda indígena, los mecanismos no están claros, pero tener conciencia de que actualmente lo que se ha hecho, no es la forma correcta, es algo que a todos/as nos deben hacer un sentido para generar cambios reales.

Referencias Bibliográficas

• Adam, S. & Kriesi, H. (2007). The network approach. En P. Sabatier (Ed.), Policy Process (pp.129-154).
• Peterson, J. (2003). Policy Networks Political Science Series.

Diego Fuentes

Trabajador Social. Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Extensión en Lingüística y Lenguas Indígenas. Universidad de Chile