Explico cuatro mitos sobre el SIMCE que son muy habituales en la propaganda pro-SIMCE financiada por el Mineduc y liderada por la “Agencia del SIMCE”, oficialmente conocida como la Agencia de Calidad. Much@s profesionales repiten estos mitos sin detenerse a pensar críticamente sobre ellos.

Mito 1: El SIMCE es una evaluación y es necesaria

Claro que no. El SIMCE es un instrumento de medición anual que aporta un puntaje que representa la media del establecimiento. La evaluación de aprendizajes y procesos, que realizan los profesionales durante todo el año, puede realizarse perfectamente sin medición mediante otros instrumentos que respeten el bienestar de los participantes y aporten retroalimentación relevante. La evaluación entendida como un proceso reflexivo y dialógico basado en evidencias y observación de procesos, orientado a la mejora,  la realizan los profesionales día a día. ¿Qué sería de las escuelas si solo se evaluasen una vez al año? La información del SIMCE ni siquiera permite tomar decisiones personalizadas respecto a los estudiantes. Los profesionales utilizan sus propios sistemas de evaluación para tomar estas decisiones personalizadas. El SIMCE es una medición no indispensable. Las escuelas necesitan una evaluación de aprendizajes y procesos instalada para el día a día de la práctica que les ayude a mejorar, no un dispositivo de control social que les presione a empobrecer el currículum y simplificar los aprendizajes.

Mito 2: El SIMCE aporta información útil para la toma de decisiones en los centros educativos

Mito muy difundido. La Agencia se ha esforzado mucho en instalar esta idea errónea y peligrosa. Algunos profesionales, con buena fe, creen y repiten esta consigna pro-simce sin analizarla críticamente. ¿Qué significa el puntaje SIMCE? El puntaje SIMCE aporta algunos datos muy generales de escasa utilidad para los centros. Es una fotografía de baja resolución que se toma una vez por año. ¿Qué información aporta? Solo aporta las medias de los establecimientos en algunas materias y un valor respecto a un grupo de variables contextuales llamadas indicadores de desarrollo personal y social, entre otras. Ese puntaje responde a una toma puntual una vez por año, meses de octubre y noviembre por lo general. Los números, las flechas de tendencia de hacia arriba o hacia abajo y las orientaciones del SIMCE suelen llegar a los establecimientos 7 meses más tarde como mínimo. Los estudiantes ya han sido promovidos y se ha iniciado un nuevo curso.
¿Se pueden tomar decisiones a nivel del centro educativo con esta información tan vaga, general y desactualizada? Algunos actores pro-simce proponen que sí, incluso escriben guías propagandísticas de cómo hacerlo. Sin embargo, tomar decisiones específicas utilizando medias que llegan a las escuelas con un retraso de 7 meses no es confiable bajo ningún punto de vista. La información no viene individualizada, es una media general y llega tarde. Las decisiones de gestión o pedagógicas tomadas en base a puntajes SIMCE conducen a malas prácticas fundadas en datos de baja resolución.

Por otra parte, los apoderados tampoco pueden fiarse de esta herramienta para escoger liceos o colegios pues es solo una selección de variables de logros en algunos indicadores. No da cuenta de los procesos o prácticas que llevan las escuelas o liceos. Algunas escuelas usan esta debilidad de la medición para hacer trampas y “ganar valor” en el mercado sin mejorar sus procesos. Una escuela o liceo puede elevar su puntaje, por ejemplo, seleccionando estudiantes en forma oculta [mediante entrevista, por ejemplo, o mediante capacidad de pago en privados] o solicitando a los estudiantes de bajo rendimiento que no participen en la medición. La Agencia no menciona estos problemas en sus conferencias de prensa para publicitar los resultados y hacer propaganda pro-Simce.

Mito 3: El Estado y la Agencia solo utilizan el SIMCE con la finalidad de mejorar las escuelas y liceos

Una verdad a medias. El uso oficial de los resultados no suele tener intenciones de mejora, es polémico y tiene efectos muy dañinos para el bienestar de las personas. El Estado utiliza el SIMCE para premiar, mediante asignación de recursos en dinero o con símbolos de estatus (Excelencia Académica), a los colegios con mejor puntaje y castigar, con menos recursos o intervención desprofesionalizante, a los que atienden a estudiantes con más problemas. Esta lógica de dar más al que más puntaje obtiene aumenta las desigualdades estructurales que ya son graves en Chile: es probable que las escuelas que atienden a los estudiantes con mayores dificultades terminen recibiendo menos recursos porque sus puntajes son más bajos. Si se quisiera mejorar la educación, la lógica debería ser a la inversa, más recursos para quien más lo necesita para mejorar.

También utiliza un alto porcentaje del puntaje SIMCE para decidir la continuidad de Subvención Escolar Preferencial y para el sistema de Ordenación de Establecimientos (o ranking maquillado). Esto genera presiones nocivas en los establecimientos que fomentan malas prácticas para elevar puntajes en forma rápida sin mejorar. Estas presiones no incentivan la mejora de procesos y se convierte en un freno a la innovación pues las escuelas no se atreven a innovar por temor a bajar puntajes. En este marco de presiones algunas escuelas invierten dinero y contratan asesoramiento para subir puntajes en las materias medidas.

El Estado entrega la información del SIMCE (una información bastante pobre de medias de puntajes, tendencias y orientaciones) a los medios de comunicación. Algunos medios usan esta información y construyen rankings para bobos con el objetivo de hacer creer que la educación privada es mejor. ¿Qué intención hay detrás de esta acción de publicitar resultados? ¿Es necesario publicitar resultados para mejorar las escuelas o para que el Mineduc y la Agencia tomen decisiones? Claro que no, se hace con la intención de influir en la percepción que las familias y estudiantes tienen de sus escuelas y para incentivar la competencia entre el sistema privado, el sistema privado con subvención y el sistema público. Esta intención perversa de influir en la percepción de la población estuvo pensada desde la concepción del instrumento en la década de 1980 y ha sido conservada a través de la colaboración y complicidad de sucesivos gobiernos, investigadores pro-Simce y medios de comunicación. Mediante esta estrategia, se construye el mito de que la educación privada es mejor que la educación pública. Una estrategia que ha tenido mucho éxito, como muestran los datos de centros educativos y matrícula del mineduc.

Mito 4: El SIMCE es una medición que no daña las comunidades educativas y solo fomenta mejoras

Falso. Diversos investigadores hemos reunido evidencias sobre las malas prácticas que provoca el dispositivo SIMCE en escuelas y liceos: efectos de emociones tóxicas en estudiantes y profesionales, empobrecimiento curricular, selección oculta de estudiantes, prácticas de entrenamiento para la prueba, sistemas internos de premios y castigos, selección de profesores en función de sus puntaje SIMCE. La causa común de estas malas prácticas es el sistema de presiones, premios y castigos basados en el puntaje SIMCE que han introducido intencionadamente políticos y académicos. Los pro-SIMCE le llaman, con su astuta elegancia tecnocrática, responsabilización por resultados. Su estrategia parece ser ignorar públicamente estos efectos nocivos porque sus intereses parecen estar puestos en la obtención de datos para sus propias investigaciones en lugar de la mejora educativa respetuosa del bienestar de profesionales y estudiantes.

Es urgente hacer un llamado a la comunidad educativa a mirar críticamente la propaganda pro-simce que han introducido los gobiernos de todo el espectro político a través de web oficiales, prensa, televisión, programas radiales y documentación técnica. Esta propaganda busca disfrazar un instrumento de medición y control social como sistema de evaluación; e intenta ocultar y desviar la atención de las graves malas prácticas que el instrumento promueve en las comunidades educativas; no quieren darle importancia a los efectos nocivos que este dispositivo de control social está motivando en las comunidades escolares. Malas prácticas motivadas por el sistema oficial de uso de resultados que presiona, premia y castiga a los establecimiento en función de una obsoleta media de puntaje.

Miguel Stuardo-Concha

Miguel Stuardo Concha es profesor e investigador actualmente vinculado a la Universidad CY Cergy París, como director de la formación Licencia Profesional Trilingüe Comercio y desarrollo sustentable. Doctor en Educación y Máster en Calidad y Mejora de La Educación por La Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Profesor de Castellano y Comunicación y Licenciado en Educación en la Universidad de La Frontera, Chile. Investiga sobre mejora escolar, educación y justicia social, acogida de estudiantes migrantes, investigación libre y abierta y enseñanza del español como segunda lengua. ¿Te gustan las publicaciones de Miguel? Tal vez te interesa financiar su trabajo independiente con una microdonación y hacerlo sostenible. Donar via Mercadopago aquí -O- Donar via Paypal acá. https://orcid.org/0000-0003-2617-0035