Quisiéramos que la educación en Chile no fuera una industria y que ojalá esas palabras mencionadas por el presidente al presentar el proyecto de selección escolar solo fuese otra piñericosa; lamentablemente, el presidente tiene razón si miramos las más recientes políticas y leyes en Chile.

En Chile, la clase política post-dictadura, partidos que dicen ser de izquierdas y partidos que dicen ser de derecha, en colaboración con organizaciones supranacionales y académicos de universidades, ha contribuido a crear escuelas fábricas-empresas de puntajes SIMCE y PSU, bajo el discurso de mejorar la calidad de la educación. A lo anterior hay que sumar una legislación laboral desempoderadora de docentes que les quita el derecho a disentir de esta política mercantilizadora de la vida y de los aprendizajes sin arriesgar su puesto de trabajo, defendida con agresividad por los esbirros llamados sostenedores y directivos que no dudan en usar la inestabilidad laboral a favor de los intereses de sus empresas-fábricas que dirigen como gerentes. En los años recientes se han instalado dispositivos de control social en forma de evaluación o carrera profesional, se ha trabajado por construir legalmente organizaciones escolares autoritarias y piramidales, y se ha hecho desaparecer los indispensables espacios para la reflexión y la toma de decisiones democráticas; el gobierno actual sigue en esta dirección con la ley de expulsiones/suspensiones express, o el proyecto que retorna la selección de niñas/niños, etc.

Ojalá este año además de contestar al presidente seamos más duros, organizados y efectivos en resistir las políticas que continúan transformando escuelas en empresas-fábricas y a docentes en trabajadores reemplazables de una línea de producción de puntajes en pruebas estandarizadas.

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