A raíz del último caso aparecido en medios de comunicación sobre el impago de sueldos a profesionales de San Fernando me pregunto. Los sueldos impagos a docentes en Chile: ¿son casos aislados o un problema estructural del modelo basado en la administración del sostenedor? Creo que una mirada longitudinal sobre los casos que han llegado a los medios de comunicación nos puede ayudar a comprender el problema de fondo, más allá de la coyuntura.
En la base de datos de situaciones injustas en medios de comunicación hay más de 27 items relacionados con impago de sueldos y cotizaciones previsionales a docentes. Una mala práctica que parece habitual y que acontece tanto en centros educativos subvencionados y municipales. Acontece bajo situaciones de quiebra, mala administración financiera del sostenedor y pérdida del reconocimiento del Ministerio: al parecer todos estos problemas estructurales justifican que los profesionales no reciban su salario. Según los datos que hemos recopilado hasta ahora [se requiere un computador para acceder a la base de datos], desde 2011 a 2017 el impago de salarios o bonos o cotizaciones previsionales ha ocurrido en ciudades de Chiguayante, Bulnes, Contulmo, San Bernardo, Valdivia, Pudahuel, Talcahuano, Coronel, Valparaíso, San Fernando, Puerto Varas, Arica, La Serena, Cerro Navia, Coihueco, Huiscapi, Osorno, Puerto Saavedra, Pailahueque, Punta Arenas, Lago Verde.
No es un problema menor, aunque sí bastante poco investigado por la academia más interesada en mejorar la eficacia y los aprendizajes que en el buen funcionamiento de los centros educativos y en el bienestar de los profesionales. Según mi análisis de estos casos, cuando ocurre el impago de salarios los profesionales no cuentan con mecanismos rápidos y efectivos que aseguren continuar recibiendo su sueldo, por lo que pueden pasar tiempos prologados sin sueldo. Ante la falta de mecanismos que protejan el pago de salarios, se ven obligados a hacer uso de estrategias de presión como la huelga y marchas de protesta para que las autoridades intervengan, con el perjuicio evitable de pérdida de clases. También deben hacer denuncias y contratar abogados con el evidente gasto de tiempo y dinero que conlleva. En algunas casos la historia se repite: el Ministerio de Educación interviene apagando el incendio parchando con recursos económicos un problema que parece estructural y al año siguientes nuevos casos. Sin embargo, no se investiga a fondo la razón de por qué los recursos no alcanzan o se pierden: ¿es un problema de desvío de recursos y mala práctica administrativa de los sostenedores? ¿El sistema de subvención escolar por estudiante está mal diseñado y no cubre los costos? ¿Por qué se opta por no pagar salarios a docentes en lugar de recortar otros gastos? ¿Cuánto es la deuda (o robo de salarios y/o cotizaciones previsionales) a profesionales? ¿En cuánto aumenta cada año? ¿Qué cambios legislativos y administrativos pueden contribuir a que este problema no se repita?
La recurrencia del impago de salarios y cotizaciones previsionales en distintas comunas, en administraciones privadas y municipales, es una evidencia de que estamos frente a un problema estructural del sistema educativo, relacionado con malas prácticas de esa figura de administración intermedia inventada en dictadura, el sostenedor. Y por otro lado el problema también está relacionado con un mal diseño del sistema de financiamiento mediante una subvención por estudiante, que obliga a los establecimientos a crear hacinamiento en las aulas para mantenerse funcionando. Este sistema de cuasi mercado no funciona en lugares apartados y remotos con baja matrícula y no alcanza para financiar los costos de una buena educación entre otros problemas. Seguro un sistema de planificación de centros educativos y una voluntad política de mejorar el financiamiento a la educación pública puede evitar que profesores y estudiantes sean víctimas de los vaivenes y crueldades del cuasi mercado escolar que dejan efectos irrecuperables en sus trayectorias educativas.
Es evidente que los legisladores no han tomado medidas legales para prevenir que el impago de salarios y cotizaciones previsionales suceda. Es necesario investigar y sancionar el delito con celeridad, proteger con legislación a los docentes y mejorar el mecanismo de financiación que actualmente es precario. Observando que año tras año hay nuevos y recurrentes casos, es posible plantear que no se protege a los profesionales de la educación ante malas prácticas de sostenedores (desvío de recursos, financiamiento insuficiente)relacionado con un mal diseño de política educativa de financiamiento. Se los expone a situaciones de carencia de recursos por tiempo prolongado, con las evidentes consecuencias personales y familiares que el impago del salario conlleva. Una pieza más del desempoderamiento docente que termina también afectando a los estudiantes que ven perjudicada su formación.
El impago de sueldo en los medios
Las evidencias mencionadas proceden de medios de comunicación de diversas líneas editoriales publicadas en los medios de comunicación digitales. Los items son subidos por voluntarixs de la Comunidad Escuelas para la Justicia Social y actualizados con frecuencia. Es posible que haya aún más situaciones que no estén registradas. Puedes revisar los detalles, un resumen, fechas y enlaces a cada medio en la base de datos de situaciones injustas mediante el siguiente enlace:
Esta base de datos es producto de una investigación libre y abierto promovido por la Comunidad Escuelas para La Justicia Social. También puedes contribuir participando en este proyecto de investigación libre y abierto. El conocimiento es poder. Participa en la construcción de conocimiento y empoderate tú también. Más información sobre cómo participar en esta investigación en este enlace: