Escuelas para la justicia social
Para varios autores (Aramburuzabala, García-Peinado, et al., 2013; Murillo y Hernández-Castilla, 2011b; Murillo, Román, y Hernández Castilla, 2012) el elemento esencial de una escuela para la justicia social o centro educativo para la Justicia Social es que éste defiende, practica y enseña los principios de justicia que promueve. Esto se traduce en tres características: 1. Tiene un funcionamiento, una organización, una pedagogía y unas relaciones socialmente justas; 2. Aborda la Justicia Social como un asunto transversal en el currículum; 3. Busca provocar el cambio hacia mayor Justicia Social en la sociedad a través de la formación de las personas.
Estas tres características formuladas en forma más específica quedarían de la siguiente forma. Este listado se trata de una reflexión en proceso, no definitiva. De un borrador.
Una Escuela para La Justicia Social o Centro Educativo para La Justicia Social:
a). Cuenta con un marco general en Justicia Social explícito. En primer lugar es necesario contar con un marco general que haga explícito a través del diálogo y la reflexión sobre qué concepto de Justicia Social es defendido por la Comunidad Educativa (Salvat, Román, y García-Huidobro, 2012)
b). Practica una pedagogía socialmente justa y orientada a enseñar la Justicia Social. La práctica de una pedagogía socialmente justa y orientada a la enseñanza de la justicia social tiene dos aspectos básicos: 1. La formación del profesorado y su desarrollo profesional; 2. La práctica de aula.
c). Integra la Justicia Social como tema y objetivo transversal en el currículum. Uno de los aspectos claves que apunta la reflexión y la investigación es la función del currículum en la promoción de la Justicia Social. El asunto tiene al menos dos aspectos: 1. La justicia del curriculum en su diseño y organización, por ejemplo quiénes deciden y cómo se deciden los contenidos; 2. La inclusión explícita de contenidos y objetivos de Justicia Social.
d). Desarrolla y promueve estilos de liderazgo para mejorar la enseñanza y aprendizaje, distribuir responsabilidades, fomentar la participación en la toma de decisiones y actuar por la Justicia Social en el centro y fuera de él. Los tipos de liderazgo más recomendados actualmente por los expertos para los centros educativos son el liderazgo distribuido, el liderazgo pedagógico y liderazgo para la Justicia Social. El liderazgo distribuido se aleja de la visión del director como único agente con poder, adoptando el principio de distribución entre los miembros de la comunidad educativa. El liderazgo pedagógico busca crear las condiciones necesarias para incidir en la mejora de los aprendizajes. Y el liderazgo para la Justicia Social intenta asegurar una educación que beneficie a todos y que transforme la sociedad (Bolívar, López Yáñez, y Murillo, 2013).
e). Pedagogía y currículum se focalizan en el desarrollo integral de las personas. Este elemento se aplica tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la comunidad educativa. Se entiende aquí por focalizarse en el desarrollo integral una educación que apunta a los cuatro pilares planteados por La UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 1996). Junto a estos principios también es necesario incorporar los planteamientos de la educación para la ciudadanía y principios para la transformación de la sociedad. Llevar a la práctica este aspecto requiere instancias no solo para el desarrollo de los estudiantes, sino también para el desarrollo personal y profesional de la comunidad educativa en su conjunto. Un currículum reducido para los menos desfavorecidos les niega la posibilidad de un desarrollo integral, lo que no se contrapone con un currículum adaptado a través de la pedagogía.
f). Mantiene una colaboración permanente con centros educativos, entre profesionales, con los estudiantes y sus familias. El centro educativo proyecta su aporte social más allá de su función formadora de estudiantes. La comunidad educativa se considera como un agente de la transformación social más allá del ámbito local. Esto implica crear relaciones profesionales para la mejora, la reflexión y el apoyo mutuo con otros centros educativos y otras organizaciones (Ainscow, 2008). Esto implica promover la colaboración y renunciar a la competencia como dinamizador del sistema educativo.
g). Organiza la toma de decisiones en una estructura democrática que garantice la participación de todos los grupos sociales y colectivos profesionales vinculados al centro educativo. Las personas tienen una mejor voluntad para aceptar las decisiones cuando sienten que éstas fueron realizadas a través de un proceso de participación que ellos ven como justo (Tyler, 2000). La propuesta de las escuelas democráticas es una de las más desarrolladas en la línea de aumentar la participación. Las escuelas democráticas no son fruto de la casualidad, sino que son consecuencia de intentos explícitos de los educadores por llevar la democracia al currículum, y crear estructuras y procesos democráticos (Beane y Apple, 1999). Un centro educativo justo desarrollará formas de participación que sean también justas, es decir que permitan que todos los afectados por las decisiones puedan hacer uso de voz y tengan incidencia en la decisión.
h). Distribuye los recursos económicos, el conocimiento y los servicios disponibles bajo principios de justicia social que garanticen el aprendizaje de todos los grupos sociales, priorizando a los más vulnerables y los históricamente excluidos/marginados.
i). Monitorea globalmente su desempeño desde el punto de vista de la justicia social. El centro evalúa sus procesos y resultados considerando análisis desde la perspectiva de la justicia social. Un sistema de evaluación debería priorizar la recolección de la información necesaria y pertinente, y analizarla bajo criterios o ideales esperables de justicia social debidamente consensuados.
Referencias
Ainscow, M. (2008). Mejorar las escuelas urbanas: liderazgo y colaboración. (Educacion hoy estudios). Madrid: Narcea.
Aramburuzabala, P., García-Peinado, R., y Elvias, S. (2013). Educación desde y para la Justicia Social: una Experiencia de Aprendizaje-Servicio en la Formación de Maestros. MC Pérez Fuentes y MM Molero Jurado (Comps.), Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar, 257–265.
Beane, J. A., y Apple, M. W. (1999). La defensa de las escuelas democráticas. Escuelas democráticas (pp. 13-47). Madrid, España: Ediciones Morata.
Bolívar, A., López Yáñez, J., y Murillo, F. J. (2013). Liderazgo en las instituciones educativas. Una revisión de líneas de investigación. Revista Fuentes, (14), 15-60.
Delors, J. (1996). La Educación encierra un Tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Compendio. Santiago, Chile: Santillana.
Murillo, F. J., y Hernández-Castilla, R. (2011). Una educación escolar comprometida con la justicia social. Observatorio Social de La Educación, (4), 19-28.
Murillo, F. J., Román, M., y Hernández Castilla, R. (2012). Justicia Social y Justicia Social en Educación. Borrador de trabajo preparado para el Seminario del proyecto Multidisciplinar.
Salvat, P., Román, M., y García-Huidobro, J. E. (2012). Horizonte normativo para una educación justa en sociedades democráticas. Una reflexión desde América Latina. Revista Internacional de Educación para La Justicia Social, 1(1), 46-78.
Tyler, T. R. (2000). Social Justice: Outcome and Procedure. International Journal of Psychology, 35(2), 117-125. doi:10.1080/002075900399411